Vacuna y Constitución

El derecho a la vida, la integridad física y la protección de la salud es un derecho básico tanto en la Declaración universal de derechos humanos, como el Convenio europeo de derechos humanos y la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero, por encima de esos frágiles derechos internacionales, en España, el título primero, cap.II de la Constitución recoge el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15), que se puede completar con el art. 17 del mismo título en donde se proclama el derecho a la seguridad. Ambos artículos caen dentro del ámbito de los derechos fundamentales, que son los que más garantías ofrecen en su aplicación, a tenor del art. 53.2 CE, que define la particularidad de estas garantías. Hay que recordar que las Constituciones son las leyes supremas de cada Estado soberano, sin que ningún otro derecho esté por encima, lo que obliga a todos los Estados a armonizar su propia legislación con los tratados internacionales ratificados, que, a su vez, tienen en cuenta este hecho y son necesariamente amplios en su formulación para que las diferentes constituciones puedan armonizarse en lo más esencial.  

Por su parte, en el art. 43 se desarrolla que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Este artículo sin embargo, pertenece al cap.III, que habla de “principios rectores” que han de desarrollarse necesariamente por ley y como tal, no se le garantiza siquiera su contenido esencial a tenor de lo indicado el art.53.3.

Más allá, en la ley 22/1980, que modifica la ley de bases de la sanidad de 1944, se prevé concretamente que las vacunas contra la viruela, difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno cuando por la existencia de casos repetitivos de estas enfermedades o el estado epidémico del momento o previsible se juzgue conveniente.

También sigue vigente un decreto del año 1945 que aprobó el reglamento para la lucha de las enfermedades infecciosas que en su artículo 21 declara que podrán ser obligatorias para todos los ciudadanos españoles las vacunaciones contra la difteria y la viruela, siendo sancionadas su falta de realización.

Como víctimas de la riada acaecida en Valencia en el año 1957, podemos atestiguar que se impartieron obligatoriamente vacunas contra la gripe, el tifus y la viruela, así como otras medidas ante las múltiples infecciones que se desarrollaron en la ciudad sin agua potable y con barro estancado con restos orgánicos por doquier. Medidas que nadie puso en entredicho, si bien era una época dictatorial.  

Por analogía se podría asimismo declarar obligatoria la vacuna para la pandemia por la Covid-19. Si bien la ley de 2002 sobre autonomía del paciente apunta a que la persona afectada puede aceptar o rechazar algunas terapias, ese derecho a decidir tiene algunas excepciones, principalmente el riesgo a la salud pública.

Ese riesgo está desarrollado en la ley orgánica 3/1986, que en su artículo 2 declara la posibilidad de que las autoridades tomen cualquier medida necesaria para preservar la salud pública. El asunto de la vacunación obligatoria es, finalmente, la colisión de dos derechos, el derecho a la protección de la salud, que prevalece en el caso de una pandemia como la Covid-19, y el derecho a la intimidad y privacidad del art.18 CE Más información

A nuestro modo de ver, nos parece fuera de lugar apelar al derecho fundamental a la intimidad, cuando ya en la reciente Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE-A-2021-4908) se articula la obligatoriedad de comunicar a las autoridades competentes nuestro posible contagio (art.22), así como la obligatoriedad interinstitucional de compartir los datos que faciliten la detección y seguimiento de los implicados (art.30).

Desde luego, el derecho a la salud es de todos, y la propia decisión de no vacunarse supone un riesgo para los demás ciudadanos, como hemos podido comprobar largamente. Así es que no creemos que haya duda en la prioridad de la necesidad de vacunarse ante cualquier otro tipo de ideología personal. Si una persona, por ejemplo,  quiere renunciar por sus principios religiosos a una trasfusión de sangre necesaria, no daña con ello la salud de los demás (aunque indirectamente pueda traer perjuicios familiares o sociales), del mismo modo que defendemos la eutanasia y otros casos de suicidio voluntario que sigue penalizando en algunos casos a terceros por pura prevención de abusos.

Mi derecho a la intimidad o libertad no puede en modo alguno dañar los derechos fundamentales de toda una sociedad que mayoritariamente acepta las vacunas como una defensa de la vida desde el punto de vista científico.

Creo que, en este punto, como en tantos otros, está habiendo una politización absurda, que está llevando a la muerte o a secuelas importantes de personas que no se han vacunado por convicción propia o inducida (cosa que en el caso del suicidio es delito).  Jugar con fuego en estos temas es además un insulto de nuestro primer mundo a la gran mayoría de conciudadanos del mundo que no tienen acceso a la vacuna y a quienes les reconocemos el derecho, aunque no sea más que por conveniencia.

El negacionismo nos parece tan ignorante como el creacionismo o el conspiracionismo. Millones de contagios y muertos lo avalan, como también sabemos que cada vez que se reducen las medidas preventivas, sube la cresta de la ola. Avalar la obligatoriedad de la vacuna, así como su exigencia en los casos que afecten al bien común el hecho de no tenerla puesta, no nos parece en modo alguno inconstitucional, sino más bien acorde con su espíritu. La palabra inconstitucional ha sido corrompida por interpretaciones ad hoc interesadas en otras cuestiones que valoran más los votos que las vidas. Y eso sí que es plenamente anticonstitucional.


Valorar más el voto que la vida sí que es anticonstitucional

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