Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid

Desde Madrid, Ignacio Gutiérrez nos transmite un mensaje del sindicato de inquilinas e inquilinos, que se está movilizando y pide que nos sumemos a ellos. Este Movimiento, junto con la PAH, existe en muchas ciudades españolas. Por ellos  conocemos mejor el problema de los alquileres de pisos y coste de las viviendas en España, nos cuentan las leyes, lo que podemos hacer, etc.

Pero no nos queda más remedio que ir con la Constitución en la mano y señalar con papelitos los artículos que interesan para poder reivindicar las cosas. En este caso estamos ante el art. 47 CE, que dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Anteriormente el art. 35 nos hablaba del derecho al trabajo, por si acaso alguien se cree que puede tener una vivienda sin trabajar. Si tenemos derecho, entre otras muchas cosas, al trabajo y a la vivienda, ¿dónde está el truco? Pues resulta que el art. 47, que es el que nos interesa, está en el capítulo III de la CE que habla de los principios rectores de la política social y económica. Y todos sabemos que se pueden tener principios y luego no cumplirlos, si no tenemos un montón de leyes que lo garanticen y sobre todo, si en la CE no cae en el ámbito de los derechos fundamentales, que tienen diversos niveles de garantía a la luz del art. 53 CE. Los derechos garantizados al más alto nivel son los contenidos en la sección primera del Capítulo II de Título I (arts. 15 a 29), más los arts. 14 y 30.2 CE. Estos derechos son de aplicación directa, sin necesidad de desarrollo legislativo, al menos en su nivel esencial (STC 75/1982), y en su caso pueden ser garantizados mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta protección del amparo no alcanza a los derechos contenidos en otras normas, especialmente en Tratados internacionales o en el Derecho comunitario europeo (Cfr. Núñez, C., J.M. Goig y M. Núñez. 2010. Teoría del Estado Constitucional. Madrid: Universitas, pp. 212 y 202; Cfr. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional., arts. 10 a) y 27 c) (BOE, núm. 239, de 05/10/1979).

Así las cosas nos ha de quedar claro que, si no se consigue que el derecho a la vivienda pase de ser un principio rector a un derecho fundamental del más alto nivel de garantía, siempre nos pueden dar gato por liebre. Es decir, nada. Y eso es lo que hay que hacer en este campo y en muchos otros. Naturalmente la Constitución no lo puede precisar todo al detalle, pero al menos todos estos elementos esenciales para la vida humana digna, sí deberían redactarse al estilo de la Ley Fundamental que Bonn, que sí nos deja una clara lista de los derechos fundamentales exigibles directamente.

La conciencia social va evolucionando y nos tenemos que poner de acuerdo en ello, para  que no queden ciertas cosas en manos del legislativo que, como está ocurriendo, deja mucho que desear, haciendo leyes de conveniencia coyuntural.  Lo peor es que, con la mezcla de funciones de los distintos poderes, hoy se pone en duda la labor del poder judicial, que es el que al final carga con estas cosas. Hay que hacer un buen pacto social muy reflexionado y discutido. Es cierto que para que todo el mundo tenga la posibilidad real de tener una vivienda digna y un modo equitativo de ganarse la vida  queda mucho por hacer. Pero tener una buena Constitución afinada en las cuestiones de derechos humanos básicos ayudaría mucho. Impediría una vía de escape al decir que los Tratados internacionales y los Derechos humanos serán la fuente de interpretación… las interpretaciones son muy elásticas y es peligroso dejarlo al albur de las opiniones políticas cambiantes por votos y de los mismos jueces, si se dejan manipular. Aquí no caben medias tintas: o tenemos derecho, o no lo tenemos. 

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