República

Una lucha del pasado

La experiencia republicana española no ha sido muy boyante. La Primera República fue el régimen político vigente en España desde su proclamación por las Cortes, el 11 de febrero de 1873, hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos dio lugar a la restauración de la monarquía borbónica.

El primer intento republicano en la historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política. En sus primeros once meses se sucedieron cuatro presidentes del Poder Ejecutivo, todos ellos del Partido Republicano Federal, hasta que el golpe de Estado del general Pavía del 3 de enero de 1874 puso fin a la república federal proclamada en junio de 1873 y dio paso a la instauración de una república unitaria bajo la dictadura del general Serrano, líder del conservador Partido Constitucional. El período estuvo marcado por tres conflictos armados simultáneos: la tercera guerra carlista, la sublevación cantonal y la Guerra de los Diez Años cubana. La Primera República se enmarca dentro del Sexenio Democrático, que comienza con la Revolución de 1868 que dio paso al reinado de Amadeo I de Saboya, al que siguió la república, y termina con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto. Más información

La Segunda República fue el régimen democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de su proclamación, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil, que dio paso a la dictadura franquista.

Tras el período del Gobierno Provisional (abril-diciembre de 1931), durante el cual se aprobó la Constitución de 1931 y se iniciaron las primeras reformas, la historia de la Segunda República Española «en paz» (1931-1936) suele dividirse en tres etapas. Un primer bienio (1931-1933) durante el cual la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña llevó a cabo diversas reformas que pretendían modernizar el país. Un segundo bienio (1933-1935), llamado por las izquierdas bienio negro, durante el cual gobernó la derecha, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, apoyado desde el parlamento por la derecha católica de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que pretendió «rectificar» las reformas izquierdistas del primer bienio. Durante este bienio se produjo el acontecimiento más grave del período: la insurrección anarquista y socialista conocida como Revolución de 1934, que en Asturias se convirtió en una auténtica revolución social y que finalmente fue sofocada por el Gobierno con la intervención del ejército. La tercera etapa viene marcada por el triunfo de la coalición de izquierdas conocida con el nombre de Frente Popular en las elecciones generales de 1936, y que solo pudo gobernar en paz durante cinco meses a causa del golpe de Estado del 17 y 18 de julio promovido por una parte del Ejército que desembocó en la guerra civil española.

Durante la Segunda República Española en guerra (1936-1939) se sucedieron tres gobiernos: el presidido por el republicano de izquierda José Giral, aunque durante su corto mandato (de julio a septiembre de 1936) el poder real estuvo en manos de los cientos de comités que se formaron cuando estalló la revolución social española de 1936; el siguiente gobierno fue presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, el líder de uno de los dos sindicatos —la Unión General de Trabajadores (UGT), junto con la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)— que habían protagonizado la revolución; y el tercer gobierno fue presidido por el también socialista Juan Negrín, como consecuencia de la caída de Largo Caballero tras las Jornadas de Mayo, y que gobernó hasta principios de marzo de 1939, cuando se produjo el golpe de Estado del coronel Casado que puso fin a la resistencia republicana, dando paso a la victoria del bando sublevado encabezado por el general Franco. A partir de entonces la república dejó de existir en territorio español; pero sus instituciones se mantuvieron en el exilio, pues la mayoría de sus miembros había huido de España. Más información

Segunda República Española en el exilio es el nombre dado a las instituciones republicanas en el exterior que seguían representando al Estado español emanado de la Constitución de 1931 después de la victoria del bando sublevado en la guerra civil española. Estas instituciones mantuvieron la continuidad de la representación republicana de España entre 1939 y 1977, aunque carecieron de legitimación democrática, al no ser posible convocar elecciones, y no fueron reconocidas por la comunidad internacional. Más información

Estas pinceladas cargadas de vaivenes políticos y violencias, nos ponen en antecedentes de la reciente historia española bajo la dictadura franquista y la restauración de la monarquía democrática heredada del dictador como legado, hecho que pone en duda su propia legitimidad, aunque esta fuese ratificada por la constitución vigente de 1978. La duda sobre su legitimidad proviene de una imposición amenazada por las fuerzas vivas del franquismo que intentó varios golpes de estado, entre los que destaca el del 23 de febrero de 1981.

La mayoría de los españoles contemporáneos hemos nacido en tiempos de paz, aunque fuera bajo la dictadura, y hemos conocido una transición relativamente pacífica, puesto que se dio el fenómeno terrorista, como la parte sangrienta de la España republicana vencida y exiliada, que evidenciaba que no todos los españoles estábamos de acuerdo con la legitimidad del nuevo régimen instaurado y que se ha podido superar en parte por una apuesta democrática por la paz, que sin duda ha de ser revisada de nuevo por medio de la llamada ley de memoria histórica, como un primer paso para replantear los principios y valores que queremos en nuestra sociedad contemporánea. Debemos recordar que en la historia universal y, por tanto, también en la española, la paz es un bien escaso y frágil que debemos cuidar con gran empeño.

La caída en desgracia de la monarquía y las élites políticas y sociales salpicadas de corrupción, así como otros problemas no menores que conciernen a la misma unidad de España y su distribución en Comunidades Autónomas, hacen necesaria una profunda revisión de nuestros principios constitucionales con el refrendo democrático de la ciudadanía, del pueblo español, que es en quien reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado (art.1.2 CE). A este principio de base le precede en el punto primero del primer artículo la declaración inequívoca de que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico.

Estos dos puntos son los que dan precisamente pie a que se revise el siguiente punto del mismo artículo que sentencia que la forma política del Estado Español es la Monarquía parlamentaria. Y aquí reside precisamente el punto de fricción a resolver necesariamente, devolviendo la voz al pueblo soberano, que es quien ha de decidir, al fin, si desea recuperar los principios republicanos, que en realidad son los mismos que los principios democráticos, o si acepta que esa democracia conviva con una Monarquía que ostenta la jefatura del Estado y que representa en sí misma lo contrario al valor de la igualdad, uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia y por ende, la república. Resolver democráticamente esta disyuntiva es una tarea pendiente que el pueblo español debe decidir.

Pero, lamentablemente, es comprensible que, dada la experiencia republicana vivida en España y el lavado de cerebro social que impuso el franquismo igualando república a violencia, comunismo, ateísmo y ausencia de derechos individuales, pese de un modo sorprendente en nuestra sociedad actual, en donde una gran parte de la población no conoció el franquismo y ni mucho menos la república o la guerra civil y quede todavía encendida la llama del fascismo nacionalcatólico franquista, defendido por una derecha cada vez más extrema, que provoca a su vez una repulsa cada vez más profunda en la izquierda política española ante las trabas que se encuentra para poder modernizar nuestro Estado con nuevos principios igualitarios y sociales, más acordes con la definición básica de nuestro Estado Social, por encima de una monarquía impuesta y que no es sino un residuo medieval del poder de unos seres superiores consagrados por un dios, rodeados de una corte privilegiada por la política, el capitalismo y la religión.

Esta es la base real de las monarquías actuales que sin duda no son peores que otros estados republicanos dictatoriales y violentos que ensucian los valores de la democracia o del socialismo comunista y que, de este modo, prolongan la falsa creencia de que la figura de un rey puede mantener la unidad nacional, al modo en que lo hacían en las antiguas tribus, en donde, además de estar consagrados por orden divina, no cabe duda de que llegaban al poder por la fuerza de las armas. Si algún rey era bondadoso, era la suerte que tenían, pero siempre era su beneficencia la donación caritativa de un ser superior a un ser inferior. 

En suma, la república es, por esencia, democracia en estado puro, mientras que la monarquía es desigualdad esencial, basada en una superstición sustentada en lazos de sangre que hacen que unas familias sean elegidas como diferentes e intocables bien por gracia divina, bien por la fuerza de sus armas. Hoy no tiene sentido racional y es un viaje al pasado fuera de la cultura avanzada del siglo XXI.

Apostar por la república es apostar por la mayoría de edad democrática, pero, a la vez, es un llamado a la responsabilidad política y ciudadana, cosa que algunos parecen olvidar. Hoy se suelen dejar las cosas pasivamente en manos de los representantes parlamentarios, sin la conciencia clara de que somos nosotros quienes los ponemos y a quienes deberemos pedir cuentas, exigir justicia e igualdad, con leyes justas y con separación de poderes. La democracia es la fuerza de la república. Libertad, igualdad y fraternidad los valores en los que se sustenta.

Un reto para quienes durante demasiado tiempo hemos vivido fuera de la política social, porque así les ha interesado a los que mandan. Pero si ha de existir una economía social, ecológica y universal, ha de ser por nuestra fuerza. La de todos. Cada uno desde su puesto social, cada uno con sus capacidades, méritos o valores. Todos conscientes de ser ciudadanos.

Ojalá seamos capaces de hacer las reformas democráticas necesarias para instaurar pronto una nueva república como ciudadanos dignos y responsables. Si queremos, podemos.

Una opción de futuro

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