Okupas: art. 47 CE


Okupación: una grave realidad consentida por la ley. La trampa de las 48 horas

Ayer escuché la increíble noticia de que, en una ciudad española, un hombre y su hijo menor tienen que vivir en un coche porque su casa a sido okupada ilegalmente. Se da la circunstancia de que ambos, padre e hijo, padecen una minusvalía. Es algo que resulta incomprensible. Sobre todo, porque no se trata de casos aislados, sino que, al contrario, es algo muy frecuente en nuestro país.

La verdad es que aquí se mezclan muchos temas. Por un lado, este tipo de casos de personas que se encuentran de repente tirados literalmente de sus casas por alguna persona desaprensiva que, quizá, tenga una necesidad real de disponer de un techo, o lo que es peor, luego hace negocio vendiendo o alquilando su territorio okupado a otros sujetos de la misma calaña.

Por otro lado, tenemos un sinfín de pisos, edificios o naves vacías, que están ahí, conservando la propiedad sin dejar que al menos algunas personas puedan dejar de vivir en la calle. Todos estos aspectos están sin resolver en la legislación española. Si consultan la Ley 5/2018, de 11 de junio, que modifica la ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, verán, si es que pueden entender algo, que todo parece favorecer a las personas que han sido expulsadas de sus casas. Pero esto choca con la realidad que constatamos en la vida diaria y que se puede ver con una sencilla vuelta por internet.

La Constitución Española en su artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

¿Dónde está la trampa? Los Doctores del derecho lo saben muy bien: este artículo está en el capítulo III del título I que habla de meros principios rectores de la política social y económica. Es decir, que son una meta a conseguir, pero cuyas leyes reguladoras ni siquiera hacen posible su exigencia ante un juez, ni tienen derecho de amparo ante el Tribunal constitucional. No son, por tanto derechos fundamentales. Este capítulo III contiene los artículos 39 a 52. Estos serán desarrollados por ley, y solo pueden alegarse ante jurisdicción ordinaria según lo que dispongan estas leyes. Al no garantizarles el art. 53.3 el contenido esencial frente al legislador, no se les puede considerar derechos fundamentales:

Art. 39 – Seguridad, protección social, económica y jurídica de la familia

Art. 40 – Condiciones favorables para el progreso, estabilidad laboral y condiciones dignas.

Art. 41 – Seguridad Social ante las situaciones de necesidad

Art. 42 – Salvaguardia de los derechos de los trabajadores en el extranjero y política de retorno

Art. 43 – Protección de la salud pública

Art. 44 – Acceso a la cultura

Art. 45 – Medio ambiente adecuado al desarrollo personal, calidad de vida

Art. 46 – Promoción del patrimonio cultural

Art. 47 – Derecho a Vivienda digna

Art. 48 – Derecho a la participación de los jóvenes

Art. 49 – Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento y rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título.

Art. 50 – Pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes, servicios sociales  para sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Art. 51 – Defensa de los consumidores

Art. 52 – Regulación democrática de las organizaciones profesionales

El artículo 53 es el que reparte las garantías de los derechos y es el marca cuáles se pueden considerar derechos fundamentales. Los de mayor garantía son del 14 al 29, con reserva de ley que garantice su contenido esencial y amparo constitucional, seguidos de los artículos 31 al 38, que aunque tienen reserva de ley, no gozan de recurso amparo y no se les garantiza siquiera el nivel mínimo, siempre interpretable, por lo que tampoco serían derechos fundamentales.

Entreténganse en ver qué derechos tienen más garantías que otros. Pero la cuestión es: ¿por qué hay derechos de primera y otros de segunda? El derecho a la vivienda, al trabajo o a la seguridad social, ¿no tienen el mismo peso que el derecho a la vida o a la no discriminación? Todos están concebidos para llevar una vida digna y libre en una sociedad democrática.

Por tanto, y esta es mi opinión de sentido común, todos los derechos deberían ser fundamentales y tener las mismas garantías ante la ley. La sociedad evoluciona y estos pueden ir cambiando. De ahí lo necesario de los pactos sociales. Hoy tenemos claro el derecho al transgénero o el derecho a la vivienda como algo fundamental. Las cosas no son como eran. Ni nadie se traga hoy que hay ricos y pobres por naturaleza o por méritos.

Por tanto, exijo este cambio radical en nuestra Constitución, que desarrolle leyes posteriores para que todas las viviendas cumplan su fin, que es acoger a personas, y que sean penalizadas las viviendas vacías, como ya ocurre en otros países, pero mucho me temo que, como siempre, aquí se haga una versión descafeinada de tales medidas.

Otro punto a regular tiene que ser el escándalo de los pisos turísticos, que daña a la hostelería y a los vecinos con graves inconvenientes. Por experiencia propia sé que los dueños de tales pisos se limitan a arreglar lo suyo y se desentienden de los espacios comunes y otras normas de convivencia que los turistas se saltan a la torera. Tampoco se ocupan los dueños de pagar los gastos comunes, ni de los estropicios y otros abusos de sus eventuales inquilinos.

Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y el Estado ha de proporcionárselo, del mismo modo que le ha de proporcionar un trabajo y otras medidas que garanticen su vida ciudadana. Mientras no se cumplan estas cosas viviremos en una falsa democracia. Tendremos unas leyes que no sirven para nada. Todo esto significa también acabar con los desahucios y buscar la solución económica que entre todos podemos aportar, ante esta situación de precariedad y brecha social.

En estas eternas campañas electorales con las que ya estamos cuatro años, nadie se plantea en serio estas cosas. Se preocupan por sus votos para conseguir el poder absoluto, por la posible independencia de Cataluña y el déficit público. Pero les da igual la injusticia social, la pobreza en nuestro país y el asesinato de los inmigrantes. Todos hablan en sus campañas de sentido común. Pero yo no lo veo por ningún lado. Esto parece una casa de locos, y los locos deben ser atendidos en unos centros de salud y no okupar la Moncloa. Según sus propias leyes, luego no hay quien los tire a la calle.


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