Los ciudadanos debemos corregir los errores de nuestra democracia

Joaquim Bosch

Hace un par de días difundimos por nuestras redes sociales un artículo del Magistrado Joaquim Bosch, 5 claves para comprender la batalla por la cúpula judicial. Como suele ocurrir con estos temas de derecho, la ciudadanía suele pasar olímpicamente de leerlos y quedarse con titulares o con lo que oye por aquí y por allá en los medios de comunicación, que nos ofrecen las noticias precocinadas para que no tengamos mucho que digerir, y de paso nos cuelan su ideología. Craso error. El tener que republicar algunas cosas en este mundo de redes nos obliga moralmente a leer en profundidad lo que difundimos y la verdad es que quedamos profundamente impresionados por su contenido. Ya conocíamos de antemano la rotunda honestidad de este Magistrado, además de su lenguaje claramente pedagógico para que todo mortal entienda de qué están hablando los políticos y los jueces a partir de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ para los amigos). La jerga que utilizan pretendidamente enrevesada da por sentado que la mayoría de la ciudadanía se va a enterar, como mucho, a medias del problema, callando, pretendidamente también, algunos nombres implicados que darían una vuelta sorprendente a la tortilla cotidiana de noticias.

Sin ánimo de parecer pretenciosos, nos hemos permitido recoger los párrafos que nos dan las claves de entendimiento, añadiendo alguna referencia a otro artículo suyo que él mismo cita en el texto, y subrayando con negrita los que nos parecen los términos clave a recordar, con alguna aclaración entre corchetes [ ] necesaria para su mejor comprensión y fundamento. Allá vamos:

(…) El cambio en este organismo [CGPJ] requiere de una mayoría cualificada de 3/5 de ambas cámaras. Resulta imposible llevarlo a cabo sin los votos de la oposición (…) La actual cúpula judicial fue diseñada hace siete años por el exministro Gallardón, tras una reforma legal con la que se configuró el CGPJ más partidista de nuestra historia democrática, en función de los intereses de su propia formación. En consecuencia, se nombró como presidente del organismo a Carlos Lesmes, ex alto cargo en los gobiernos de Aznar. También buena parte de los vocales nombrados estaban en sintonía con esos intereses. El bloqueo permite que ese control partidista se prolongue durante más tiempo del previsto constitucionalmente (…)

(…) El resultado se concreta en el mantenimiento de un CGPJ que no debía estar adoptando decisiones desde hace dos años. Pero continúa actuando igual que a lo largo de todo su mandato. Realiza a menudo nombramientos de altos cargos judiciales con un marcado sesgo partidista y no en función de un sistema de méritos objetivables, como han denunciado diversas entidades. Y se posiciona constantemente en público contra este gobierno, en contraste con la benevolente actitud que mantuvo con el anterior. (…)

(…) La proposición de ley que se ha presentado plantea superar el bloqueo con una enmienda sobre las mayorías para la elección. Supondría eliminar en la práctica la mayoría cualificada de 3/5 para la elección de los vocales judiciales en ambas cámaras, para sustituirla por la mayoría absoluta, con lo cual resultaría innecesario el apoyo de la oposición. No obstante, esa modificación legal acentuaría el control partidista de la cúpula judicial, que es uno de los problemas esenciales que presenta nuestro sistema de separación de poderes, ya bastante desprestigiado durante las últimas décadas por el reparto de cuotas entre los principales partidos. Desde la perspectiva de las injerencias partidistas, llegaríamos a una variante empeorada del sistema de Gallardón. Hoy puede beneficiar al PSOE y a UP, pero mañana sin duda favorecería al PP y a Vox. Y, en todos los casos, perjudicaría seriamente a la credibilidad de nuestro sistema judicial. (…)

(…) Sería suficiente con una adecuada regulación de la cúpula judicial cuando está en funciones, para restringir al máximo sus atribuciones (en especial, los nombramientos de magistrados en altos tribunales). Así se eliminaría el principal incentivo para beneficiarse de bloqueos oportunistas. En cambio, reforzar el control partidista sobre la justicia supondría un paso más en la degradación institucional del CGPJ. (…)

(…) la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez, aprobada por el Consejo de Europa, indica que los consejos de la judicatura son organismos independientes de los poderes ejecutivo y legislativo, integrados al menos en la mitad de sus miembros por “jueces elegidos por sus pares” (y no por el parlamento, que designa a los miembros restantes). Dicha disposición ha sido desarrollada por diversas recomendaciones del Comité de Ministros y del Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Este sistema mixto es el existente en los 20 países europeos que cuentan con consejo de la judicatura, con excepción de España. Del mismo modo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha dirigido reiterados reproches a nuestro país por la configuración partidista del CGPJ y por no basar en criterios objetivos el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y de otros órganos judiciales. (…) Este criterio europeo sobre separación de poderes se incorporó en 1978 al espíritu de la Constitución. Pero se modificó en 1985 por el gobierno socialista, a causa de la desconfianza que le generaba una judicatura que todavía tenía conexiones con el franquismo. Esta secuela de nuestra Transición nos seguirá acompañando hasta que seamos capaces de corregirla. (…) [Párrafo tomado de La cúpula judicial española como anomalía en Europa]. No olvidemos que esta situación fue inaugurada por el PSOE con mayoría absoluta y con la presidencia de Felipe González:  Los gobiernos de Felipe González (1982-1996) constituyen el segundo periodo del reinado de Juan Carlos I de España. Durante cerca de catorce años gobernó Felipe González gracias a que su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ganó cuatro elecciones generales consecutivas (1982, 1986, 1989 y 1993), las tres primeras por mayoría absoluta, una «proeza» «en la historia parlamentaria española, e incluso europea. [Más información ]

(…) Se trata de un sistema mixto en la elección, entre judicatura y Parlamento, con el que se apuesta por una vigilancia mutua. Evita que el poder político ocupe espacios de influencia demasiado extensos, pero esa dualidad también permite evitar los riesgos de un posible corporativismo judicial, ante la presencia de miembros designados parlamentariamente. Así es como funcionan los equilibrios institucionales. Y por eso la existencia en España de una cúpula judicial colonizada al completo por los partidos políticos ha provocado constantes reproches del Consejo de Europa. (…)

(…) los jueces no hemos sabido explicar la relevancia de estas cuestiones a la sociedad, ni tampoco buscar complicidades o apoyos en ella. Al contrario, siempre hemos sido percibidos como muy gremialistas y demasiado distanciados de la ciudadanía. El fracaso institucional se ha construido colectivamente. (…)

(…) Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos, al estar demasiado implicados en las referidas dinámicas de poder. Solo se producirán a través de la presión ciudadana, si las bases de las formaciones de izquierda y de derecha presionan lo suficiente a los suyos, en lugar de aplaudir acríticamente las estrategias tóxicas contra la separación de poderes. Sin duda, resulta difícil que se produzca de verdad esa presión ciudadana. En ese caso, seguiremos como estamos. O incluso peor. (…)

Así pues, vemos que el problema se remonta al mismo inicio de nuestra democracia que, habiendo comenzado con el sistema europeo en una de las prácticas de control que funcionan medianamente bien, fue cambiado por la mayoría del PSOE encabezado por Felipe González. Un dato más para añadir a su triste curriculum, que ha dado pie, no solo a la corrupción del poder judicial, sino a la corrupción de la clase política, que ha favorecido esta situación para tapar sus propias fechorías (en ambos lados).

El Magistrado Bosch propone una solución a plazo inmediato de prohibición expresa a que un CGPJ en funciones actúe con plenos poderes, y otra, a continuación, consistente en adoptar la normativa europea, que en este aspecto (que no en otros, tales como la política migratoria) parece razonable y nos ayuda a eliminar tanto el corporativismo judicial como la difuminación de poderes, que tanto nos han perjudicado a lo largo de toda la democracia.

El magistrado reconoce la culpa de los jueces en no haber sido realmente imparciales y haber hablado claramente al pueblo de lo que se estaba cociendo en el Parlamento. Es pues, hora de despertar a la realidad y recordar al Gobierno del PSOE que no puede repetir los errores de la transición en este o en otros aspectos. Ahora, con el apoyo de UP que debe poner en valor su papel como motor de izquierda de un PSOE dividido, así como el apoyo de los partidos de investidura, que, además, supondrían la construcción de un bien para el conjunto de España por encima de los nacionalismos y que implicaría un salto cualitativo en la mesa de diálogo tan solicitada desde Catalunya y otras regiones españolas.

Nos encontramos con una oportunidad única de comenzar a corregir los errores estructurales de la transición y a una renovación de los partidos de izquierda que realmente sea de izquierdas y no una simple quimera centrista que resulta hoy por hoy imposible en la política española y que tampoco parece que sea lo mejor. La cosmovisión de la derecha es la antípoda de la izquierda y entre en el ser y el no ser no existe término medio, según reza un antiguo principio de lógica aristotélica.  Oportunidad que no hay que desaprovechar y que hay que lograr con el apoyo de las bases, dormidas, cansadas e impotentes ante tantos años de corrupción social que ahora se nos presentan crudamente reales ante tantos juicios atrasados o prescritos, tantos recortes consentidos que nos han llevado a un simulacro de democracia, donde la desigualdad es la única ley reinante y practicada desde la misma Jefatura del Estado.   

Nosotros lo tenemos claro, pero hay que ver quiénes más se apuntan a esta lucha olvidada, porque sin ella seguiremos agonizando en una sociedad muerta con o sin virus. Gracias a Joachim por ser un verdadero servidor público y digno representante de la justicia en medio de este caos. Y recordamos a UP, IU, ERC y otros partidos afines que su esencia es proteger al ciudadano de la injusticia social, hoy insuficientemente representada por la izquierda, que ha de volver a reiniciar su propia identidad. Como contrapunto, tenemos a la derecha que en este affaire no reconoce la legitimidad de una de las partes del Gobierno de coalición. Pretende volver a la antigua alternancia en la que ambos, PP y PSOE, se repartían el poder y dominaban el cotarro. Pero vino UP y lo revolucionó todo, evidenció la corrupción y sacó a la luz lo que estaba oculto. Sigamos luchando desde abajo, ciudadanos, hoy somos más necesarios que nunca.

Es hora de cambiar

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