La cara oscura de la casilla 106

Para seguir esta reflexión es importante leer el artículo No marcar las casillas en la declaración del IRPF, escrito por Juanjo Picó, de la Junta directiva de Europa Laica y publicada por en el blog de publico.es.

La referencia a la asociación Europa Laica ya nos pone en la línea de rechazo a todo resto de beneficencia religiosa en cuestiones sociales, a las que España ha estada muy acostumbrada tras la experiencia nacionalcatólica del franquismo.

La cuestión de base a mi modo de ver, ha de ser la consideración del Estado Español como un Estado social, que implica en consecuencia una Economía Social que fija su atención primordial en la atención a la igualdad de oportunidades para todas las personas y no solo en las ganancias económicas, a costa de dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Es el Estado, el que tiene que decidir qué cantidad de recursos necesita de sus Presupuestos Generales, para que este fin se cumpla escrupulosamente. La cuestión está en que estos menesteres caen dentro del apartado De los principios rectores de la política social y económica (cap. III CE) y no en el apartado de los derechos fundamentales del cap.II, secc.1ª, que son los que mayores garantías ofrecen, a tenor del art. 53, que es el que distribuye estas garantías de modo desigual entre los distintos derechos.

Esta premisa de sesgo junto con la que en el art. 16 se nos impone como  estado aconfesional, que tiene en cuenta de modo especial a la Iglesia Católica, tienen como resultado las dos opciones en cuestión, que para algunos es la realización del precario estado social y para otros es, simplemente una falacia, puesto que la justicia social de un Estado ha de ser laica por naturaleza y los derechos sociales deben ser tan fundamentales como otros que así quedan definidos como la no discriminación. Esta situación hace que vivamos en la constante contradicción de no disponer de los medios precisos para las necesidades más perentorias de los más vulnerables, dejando el Estado su gestión en manos de entidades privadas de utilidad pública y la Iglesia, a las que se entregan subvenciones, haciendo la vista gorda ante las irregularidades y contradicciones que tal hecho incluyen.

Quienes realizan un trabajo social (que por cierto nació como un título universitario para diferenciarse de la antigua beneficencia) deben ser considerados dentro del rango de trabajadores del Estado, conformando una gran base activa, no como un privilegio del actual funcionariado, reservado a unos pocos, y dejando el grueso del trabajo a entidades privadas subvencionadas cuando el dinero llega y tras haber concursado entre miles de programas, sino como un trabajo que asegura que el Estado Español es efectivamente social y tiene como prioridad el bienestar y dignidad de todos los españoles. Un derecho efectivo con todas las garantías. De modo que quien se vea privado de ellas, pueda llevar al Estado frente a los tribunales, para que pueda disfrutar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones, como es el caso del trabajo, hoy un lujo, en contra de lo que se dice en el artículo 35 CE.

El efecto inmediato de este nuevo modo de concebir el aparato estatal, acabaría de raíz con las escandalosas diferencias sociales, que hacen posible que unos ganen sueldos millonarios, mientras otros están en la miseria o sin los necesarios recursos sociales en salud, vivienda o educación.

Así pues, la falaz disyuntiva de la casilla 106 queda al descubierto y hay que obligar al Estado que tome las riendas de sus obligaciones y no precarice más una situación fácilmente subsanable con un nuevo reparto de los presupuestos y sustentada en un nuevo modo de aplicar los impuestos, diferenciando claramente a quienes tienen grandes ingresos o fortunas y a quienes no tienen suficiente para una vida digna.

Es posible que alguien diga que el Estado no tiene recursos para ello. Pero eso se desmiente si vemos las diferencias entre las inversiones en unos campos u otros, que cuenten siempre con el respaldo de la ciudadanía. Este es un aspecto que se olvida en las campañas electorales, en donde priman más las enemistades por el poder, que una verdadera preocupación por poner remedio a las muchas deficiencias del Estado social. Y ya no digamos el fraude fiscal y las evasiones de capital que es la práctica habitual de los grandes.

En la declaración de la renta no te dejan hacer objeción fiscal, pues no se puede impedir que parte de los impuestos vaya a parar a las armas. Más información. Sin embargo, se nos pregunta si queremos que se invierta en cuestiones sociales, cuando esto es una obligación, no una opción. Y, por cierto, que ya estamos en el siglo XXI y no se entiende cómo todavía hay una casilla por la Iglesia institucional, que si ha dado muestras de algo a nivel político es que no está al lado precisamente del pobre. Gente buena hay en todas partes, pero no se puede pedir que los que trabajamos en el campo social tengamos que vivir con lo justo, sin esperanza de ascenso laboral, y con una buena dosis de empatía para llevar a cabo un trabajo del que nadie se preocupa porque resulta poco atractivo e inseguro.

No se trata de ser bueno, sino de ser justos, porque sin la justicia como premisa no es posible la bondad. El Estado social es todo un principio de base que no está cumpliendo con su funcionalidad.

Los «Servicios sociales» se llevan solo el 1,1 % de la tarta

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