Grandes fortunas

Algunos estarán celebrando las propuestas del Gobierno

Ya recordamos desde nuestra web el tema, al parecer tabú, de que las grandes fortunas son intocables y se nos confirma con los acuerdos que se han alcanzado para los presupuestos generales del Estado (todavía por parir) en el que en este punto, las fortunas se rozan cuanto apenas. Según estas previsiones, el IRPF solo sube tres puntos para rentas del capital de más de 200.000 euros y dos puntos para rentas del trabajo de más de 300 mil euros. El impuesto sobre el patrimonio solo sube un punto para contribuyentes con fortunas de más de 10 millones de euros. Más información

No queremos dar un baile de cifras, sino simplemente ver la realidad que se quiere obviar. Según el informe AROPE , en el año 2019 un total de 11.870.000 personas, que suponen el 25,3 % de la población española, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y esto era antes de comenzar la pandemia que estamos padeciendo. A día de hoy el INE registra 19.176.900 de personas ocupadas (tasa de actividad 57,83%) frente a 3.722.900 parados (Tasa de paro 16,26%). Pero si comparamos estos datos con los de la población española según el mismo INE a 1 enero de este año somos 47.329.981 habitantes incluidos los 5.235.375 extranjeros registrados. Si sumamos el número de personas activas con el número de parados, nos hacen un total de 22.899.800 personas, que, a ojo de buen cubero, no llega ni a la mitad de personas registradas, y menos aún de activas cotizantes.

Quedan pues descartadas las personas sin papeles, y las personas que no tienen trabajo ni lo están buscando ni están cobrando nada. Tampoco cuenta el trabajo en negro, ni la distinción de las ocupaciones laborales parciales, por horas, jornadas reducidas, temporalidad y, en suma la precariedad generalizada, que hace que sean muy pocos quienes está aportando dinero a las arcas del Estado. Si además descontamos a la Hacienda Pública unos 26 mil millones por fraude y al menos 11 mil millones  por elusión fiscal  de las grandes empresas, nos encontramos con que  uno de los mayores lastres para el crecimiento del país es la cantidad de dinero que está oculto a los ojos del Estado, porque no tributa. La economía sumergida supone en España, aproximadamente, el 20% del PIB, un valor bastante por encima del en torno al 15% de la media europea. Cifras muy altas, en cualquier caso. Así, la pérdida de recaudación se estima en 70.000 millones de euros, aproximadamente el 6% del PIB nacional, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). Teniendo en cuenta que este dato viene del entorno bancario, también es posible que resulte blanqueado. Más información

A fecha de hoy el salario mínimo interprofesional para un trabajo a jornada completa está fijado en 900 euros mensuales en 14 pagas (12.600 euros anuales) o 30 euros al día. No existe un registro oficial que determine el número exacto de trabajadores que recibe el SMI. Si bien, la cifra más aproximada está en los registros de la Seguridad Social, que indican que no llegaría al medio millón de trabajadores, incluyendo a las empleadas del hogar. Más información

Está claro que es una minoría las personas que reúnen las condiciones de gravamen por sus rentas y capital, porque la inmensa mayoría de los españoles no llega a cobrar por término medio 12000€ anuales, teniendo en cuenta que la economía no cuenta con muchos datos que positivamente se quieren obviar. Las medidas que se han acordado no satisfacen más que a las grandes fortunas, que, por no pagar más impuestos, perjudican seriamente el Estado de bienestar nacional y la promesa constitucional (art. 10.1) de una vida digna para todos los españoles.

Por otro lado, el artículo 33 de la Constitución Española dice literalmente (subrayados nuestros):

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Así pues, la propiedad privada queda modulada por su función social y las leyes que lo justifican, por lo que cualquiera puede deducir que en una situación de emergencia nacional como la que estamos viviendo ya desde hace años y ahora llevada al límite por la pandemia, lo menos que se puede pedir es que se suban los impuestos mucho más de lo que ahora se propone a las grandes fortunas (para contentar a la derecha, principal refugio del capital y del empresario) y que los impuestos vayan subiendo progresivamente en función del monto de las mismas.

Esto ayudaría de una vez por todas a poder acabar con la lacra del fraude y la desigualdad, que hace que en estos momentos peligren los servicios públicos más fundamentales. De tal modo que, mientras no se nivelen las ganancias de quienes más tienen, se rebajen o incluso se excluyan de los impuestos a quienes menos ganan y que sólo a partir de ciertos ingresos (por ejemplo 60000 anuales, que sería cinco veces el salario mínimo actual) se comenzara la obligación de pagarlos. Y lo mismo cabe decir con respecto a las cosas: Sólo habría que cobrar IVA a los productos que realmente sean un lujo y no una necesidad para el mantenimiento de una vida digna. Cobrar impuestos tanto por una barra de pan como por un chalet de lujo de segunda vivienda nos parece una aberración con la que convivimos actualmente.

Y habrá que ponerse de acuerdo en las cosas que son un lujo y las que no lo son, en lo que necesita una vida para ser digna en el siglo XXI. Por ejemplo, hoy estar conectado en la red debe ser un derecho y no un lujo. Tener un trabajo digno es un derecho y no un lujo. Hoy se consideran lujos para la mayoría social lo que debería ser un derecho incontestable. Un nuevo pacto social se hace necesario.

Por eso, aunque se da un primer paso para acabar con la desigualdad, no basta en absoluto con lo que se está haciendo. Instamos al Gobierno a que utilice todas las herramientas que tiene a su alcance, porque para eso se las hemos dado. Y una de ellas es ponerle freno a la propiedad privada desorbitada en un país donde la mayoría está en riesgo de pobreza y hoy es un lujo contar siquiera con trabajo precario, o con una visita médica presencial. Algo no funciona y hay que erradicarlo, porque ya sabemos todos dónde está el mal: Cumplamos al menos con la Constitución y luego reformémosla de una vez.

Algo no funciona

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