Estado social

Nuestra Constitución vigente califica a nuestro Estado con tres adjetivos: social, democrático y de derecho. Estos tres calificativos son inseparables y se retroalimentan entre sí, de modo que, si uno falla, todos se resienten. Pero lo más importante es que encierran una jerarquía necesaria entre ellos: es el Estado social el que convierte a ese mismo Estado en democrático y sujeto a un derecho consensuado que garantice el carácter social e igualitario del mismo.

Porque decir social es decir igualdad entre todos: ricos o pobres, poderosos o esclavos, famosos o desconocidos, hombres o mujeres, europeos o africanos… una igualdad que reconoce precisamente la igualdad en derechos de toda diversidad, porque no somos robots de fábrica, sino humanos nacidos en un entorno y en unas circunstancias que determinan parcialmente nuestras vidas.

Parcialmente quiere decir que, por nacer hijo de un rey, no tienes que ser necesariamente un rey. Por ser hijo de un esclavo no tienes que ser necesariamente un esclavo. Porque todos tenemos derecho a la misma igualdad de oportunidades.

Quienes defienden que no hay que cambiar en nada la Constitución están defendiendo una contradicción. Porque es precisamente esa Constitución intocable, la que son incapaces de cumplir. Porque en España, como en ningún lugar del mundo, no somos todos iguales, sino que, muy al contrario, cada vez hay entre nosotros una brecha más profunda entre una cada vez más escasa élite de ciudadanos y una mayoría hambrienta y sedienta de pan y de justicia.

Los derechos inventados por el ser humano, distinguen ladinamente entre dos clases de derechos: los civiles, que supuestamente afectan a todos por igual, y los sociales, que afectan especialmente a los grupos eufemísticamente llamados vulnerables, que quiere decir que son los que menos probabilidad tienen de alcanzar unos derechos que son para todos: y ahí caben los pobres, los que tienen diversidad funcional, los que no tienen acceso al estudio o la riqueza, en suma, a los que no tienen los medios para costearse una vida digna más allá de la mera supervivencia en el mejor de los casos.

Y mientras eso sea así, no hay ni la más mínima posibilidad de ser un verdadero Estado social. Porque, además, los pocos derechos calificados por la Constitución como fundamentales, ni siquiera se cumplen: porque el derecho a la vida se niega a los sin techo, a los inmigrantes en frontera o a los que viven excluidos de la sociedad. Y hay que empezar reconociendo eso.

Es la Constitución la que decide qué derechos se pueden reclamar ante un juez y cuáles no. Y créanme que son pocos los reclamables: no se puede juzgar al Estado por no ofertar una vivienda digna a todos, ni un trabajo, por poner dos ejemplos entendibles e innegables.

Los Tratados internacionales pueden decir lo que quieran, porque se suelen firmar no por todos los países y entre los que la mayoría no firma la parte del mismo llamada protocolo, que suele implicar un control externo de que se cumplen los compromisos adquiridos por el Tratado. Por ejemplo, la desnuclearización y tráfico de armas, por poner un ejemplo sabido y conocido.

Así pues, pedir que la Constitución se reforme con la evolución social es como pedir peras al olmo. Porque se ha de cambiar la misma base de nuestra Constitución, basada en la unidad de España y no en la dignidad humana, como es el caso de la Constitución alemana. Porque nos impone una jefatura real sin preguntarnos ahora si queremos seguir bajo el capricho franquista.

Desde esta web hemos defendido desde el principio y hasta el final la necesidad de un nuevo pacto social que transforme todas estas cosas esenciales que son las que han dado pie a una democracia corroída por la corrupción desde la mismísima jefatura del Estado, pasando por las Instituciones, los políticos y los medios. Por no haber sido desde un comienzo un Estado social para todos. Es posible que la transición hiciera un apaño de emergencia para salir de la dictadura. Pero hoy, tras tantos años de experiencia, sabemos que no es suficiente según han demostrado los hechos de la historia reciente. Fruto de esta incongruencia de base, llamarse una cosa y ser otra, es lo que ha alimentado a la cada vez más fuerte ultraderecha que avanza como un virus por España, por Europa y por todo el mundo. Y a ese virus hay que aniquilarlo.

Porque tenemos derecho, porque somos una democracia, porque somos un Estado Social.

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