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El art.23 de la llamada ley de dependencia habla del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para aquellas personas que presentan necesidad de ayuda en la realización de las tareas básicas diarias. De esta prestación se pueden servir personas mayores y personas con diversidad funcional. La gestión la llevan las Autonomías, que efectúan el servicio por medio de los ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro autorizadas.
Este es un servicio de apoyo, que puede compaginarse con algunas prestaciones, que debe determinar cada Comunidad Autónoma.
Pero a nosotros aquí nos interesa, más que la prestación en sí, la consideración laboral de las personas que realizan el servicio. Desde el punto de vista normativo, la especialidad formativa del certificado de profesionalidad es la de atención sociosanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108), que se pide tanto a los auxiliares de asistencia domiciliaria, como a los asistentes personales, que se corresponden con una prestación económica concebida como una ayuda para la contratación de una persona de apoyo dentro o fuera del ámbito domiciliario. Cada autonomía determina los detalles concretos de cada prestación.
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