El decretazo

Cuando no hay debate parlamentario hay dedo

Edurne García nos ha mandado un interesante enlace  de spanishrevolution.org, al que por cierto hemos añadido entre nuestras páginas amigas, porque coincidimos plenamente con sus planteamientos y ofrece un material muy interesante actualizado, también por Facebook.

Al Gobierno, de todo color, nunca le ha gustado eso de rodear los Congresos y hacer manifestaciones públicas que le perecen agresivas, cuando se trata de utilizar la voz y la palabra. La ley mordaza lo atestigua. Otra historia es que se produzcan actos vandálicos, para lo cual están las fuerzas de orden público. Pero de ahí a intervenir los dispositivos móviles, que son el medio de comunicación para efectuar tales concentraciones, va un paso muy largo, que viola todos los derechos de libertad de expresión, comunicación, reunión, concentración y manifestación. Todo eso lo tiene que determinar un juez.

Os invitamos a leer el  Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones (BOE, núm. 266, de 05/11/2019), al que podéis acceder desde este enlace.

Del Decreto es de relevancia el art.6.cinco, del que extraemos el meollo de la cuestión a rechazar:

«1. Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

b) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública.

c) Cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y de emergencias.

d) Cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electrónicas.

e) Cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico.»

¿Qué tendrá que ver el Ministerio de Economía y Empresa en un asunto de orden público, y mucho menos en una intervención judicial y policial? Una vez más la separación de poderes brilla por su ausencia y la supuesta democracia pierde otro punto en España.

Hace ya mucho que en España se abusa de los Decretos Ley, precisamente por la nula capacidad de diálogo y consenso entre los grupos parlamentarios cada vez más enquistados en una guerra fratricida, mortal para la ciudadanía. Unidas Podemos esta vez se ha abstenido y ha logrado suavizar el decreto. Yo creo que debería haberse negado, porque en España ya hay mecanismos que regulan estas cosas, que a la vez habrá que revisar, porque son muchos los escándalos a base de pelotazos de goma que estamos aguantando. La crispación de Catalunya está afectando a nuestro país más de lo que parece, y este decreto, sin duda, es uno de tantos frutos ilegítimos del miedo a la democracia.

El espíritu del 15M sigue en pie. Y nosotros desde aquí lo seguimos manteniendo, en colaboración con otros medios como spanishrevolution.org. ¿Os acordáis cuando, por un breve espacio de tiempo, España fue un ejemplo de conciencia social desde las calles? Eso no ha muerto y tenemos que volver a ello. Señores del Gobierno, si es que se consolida: no dejen de ser izquierda, porque si no, ya tenemos la ultraderecha consolidada.

Como en los viejos tiempos

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