El cachondeo judicial

Con seis votos contra cinco, el Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad del primer estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo para combatir la pandemia. Los miembros del Tribunal, que hasta ahora estaban divididos en torno a esta decisión, tenían sobre la mesa este recurso promovido por Vox desde hace más de un año. Dejando vía libre para aceptar el otro recurso de Vox sobre el segundo estado de alarma. Más información

Ya dejamos claro que la justicia española no estaba ni mucho menos ciega, pero es que este desmadre a posteriori tras los sufrimientos que hemos pasado durante la pandemia y que nos tienen ya agotados, amenaza con prolongarse hasta el infinito si no hay nadie que lo remedie.

Quien escribe estas líneas, que tiene al menos la misma titularidad en Derecho que cualquiera de los miembros de ese Tribunal, discrepa, como otros muchos, de esta sentencia, sobre todo cuando es el Consejo Superior del Poder Judicial el que puede estar actuando ilegítimamente, según nos advirtió la Comisión Europea, añadiendo el agravante de la demora en sus resoluciones que hacen dudar de su imparcialidad.  Más información. Paradójicamente, desde el mismo CSPJ se había criticado la demora de su renovación (más de dos años) y sus consecuencias a la hora de tomar decisiones. Más información

Ahora empezamos a ver los resultados de estas demoras, que dan paso a las elecciones de los jueces (incluidos los magistrados del TC) al dente de una política de extrema derecha que le da a Vox la fuerza que no ha conseguido en las urnas.

El que los órganos judiciales más importantes tengan que sacar sus decisiones con votos a la mínima mayoría, nos hace pensar en dos cosas: la primera es que algo está fallando en las normas, aunque sean constitucionales, que se muestran tan ambiguas que se pueden interpretar en sentidos opuestos. Y la segunda, no menos plausible que la anterior, es que las decisiones de voto no se tomen de modo imparcial, sino en sentido político que, como sabemos, hoy está más enfrentado que nunca. Estos años de retraso en la funcionalidad de la justicia han conseguido lo que algunos han llamado el cortocircuito de la justicia, que se tapona a sí misma eligiendo los miembros de los tribunales a conveniencia, absolviendo, retrasando, archivando o sobreseyendo piezas clave que amenazan con acabar con el más mínimo sentido de la legalidad imparcial, así como la ambigüedad consciente de las sentencias y formulaciones legales. 

Lo que está claro es que, formalmente hablando, o bien las leyes no funcionan porque están mal formuladas, o porque no tienen las suficientes garantías para su cumplimiento. El caso paradigmático del derecho al trabajo y a una vivienda digna habla por sí mismo del flagrante vaciado de contenido de nuestras leyes, que además cuentan con la posibilidad legal de torticear su sentido y finalidades últimas. El rebuscado lenguaje de las kilométricas decisiones jurídicas, que no suelen leer más que los peritos interesados en probar sus propias interpretaciones o intenciones, es otra cuestión a tener en cuenta a la hora de que el ciudadano pueda tener claros sus derechos, pudiendo así obtener una opinión crítica sobre las decisiones legales que tanto le afectan en su vida diaria. Si, además, como es el caso de este tiempo de pandemia, añadimos la menestra normativa de las distintas Comunidades Autónomas, muchas de las cuales necesitan refrendo judicial, tenemos el caos completo del que se aprovechan las fuentes interesadas en llevar las aguas a su molino.

Declarar inconstitucional a estas alturas algo tan evidentemente constitucional, debería haberse hecho, en todo caso, en un primer momento o, más aún, antes siquiera de declarar el Estado de alarma que para eso están los asesores jurídicos del Gobierno, entre los cuales incluso podrían estar los miembros del bendito Consejo. No se puede entender esta situación sino por una clara intencionalidad política de consagrar las tesis ultras acabando de un plumazo con la poca independencia que les quedaba, amén de la poca honestidad y profesionalidad. También han obviado la opinión de las autoridades sanitarias, que, en el caso de la interpretación de la norma, también tienen un papel relevante para definir una determinada situación como lo suficiente grave como para decretar un estado de alarma. Está claro que este recurso voxiano, más que defender la Constitución, lo que ha querido ha sido desprestigiar a un Gobierno que quiso contentar a todos para que no le llamasen tirano. Craso error, porque al final le consideran incompetente haga lo que haga, aunque sea constitucional. La mala intención del recurso es lo más evidente de este desgraciado episodio de la quinta ola/ temporada.

Así pues, condenamos desde estas líneas la falta de imparcialidad de las más altas instituciones legales de nuestro país, que están amenazando con acabar con nuestra democracia. Es posible que la intencionalidad de la derecha de acabar con el Gobierno actual al precio que sea les salga al final más caro de lo que pensaban, porque la deriva irracional de sus consecuencias incontroladas puede acabar llevándonos a los tribunales europeos sin remedio.

Ojalá el tiro les salga por la culata y los ciudadanos sean capaces de discernir la verdad a la hora de decidir sus votos (electorales) con la racionalidad que al menos muchos de nuestros representantes no tienen. Pero a estas alturas uno duda ya de que en este país quede alguien cuerdo entre tanta locura.

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